Con la puesta en marcha del Decreto 2106 del 2019, el Departamento Administrativo para la Función Pública – DAFP, establece nuevos lineamientos para la racionalización de trámites aplicables a la rama ejecutiva y a las personas naturales que cumplen funciones públicas o administrativas.
Esta nueva disposición normativa tendrá como principal reto lograr que las entidades cumplan con sus preceptos y, además, establezcan una política constante y perdurable que impida la creación de nuevos procedimientos engorrosos o simplifiquen otros que contengan pasos innecesarios.
